Una Política Nacional de Transporte Público

Durante años el tema de la movilidad, transporte y seguridad vial fue impulsada por distintos actores de la sociedad civil, especialistas y autoridades, a efecto de implementar políticas que permitieran la modernización del transporte público, este trabajo se vio materializado en 2019, cuando México se convirtió en la primera nación en declarar el acceso a la movilidad segura un derecho humano, dos años después, aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMySV) con la que se asegura que todas las personas puedan moverse con seguridad, equidad, accesibilidad y, sobre todo, en igualdad de oportunidades.

En el 2023 se publica la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (Enamov) 2023-2042, la cual coloca al transporte público como eje del desarrollo integral para que sea accesible, seguro, sostenible, e inclusivo en todo México.

En el mes de junio de este año el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial que preside la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y las autoridades de movilidad de todo el país aprobó por unanimidad la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano (PNTPC), la cual busca alinear todas las políticas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, movilidad y transporte, así como la reducción de las brechas de desigualdad en las ciudades y metrópolis.

Queda claro que cada Estado tiene necesidades distintas, pero también tienen problemas comunes; prestación de servicio bajo el modelo hombre-camión, unidades con más de 25 años de vida útil, contaminantes e inseguras, con baja calidad de servicio y poco rentables.

El transporte público es un componente esencial en la vida diaria de millones de personas, y su relevancia en el desarrollo de una sociedad moderna es innegable. Sin embargo, en muchos países, este sector se encuentra fragmentado, descoordinado y subestimado, generando serias consecuencias para la calidad de vida de los ciudadanos, el medio ambiente y el crecimiento económico. En este contexto, surge la necesidad de establecer una política nacional de transporte público sólida, inclusiva y sostenible que pueda hacer frente a los desafíos actuales y futuros. Una estrategia nacional en esta área no solo mejoraría la eficiencia y accesibilidad del sistema, sino que también sería una herramienta clave para promover el desarrollo.

La Política Nacional de Transporte Urbano se constituye en un instrumento que establece un conjunto de objetivos y priorizar acciones orientados a resolver un problema que afecta a gran porcentaje de la población que habita en las principales ciudades del país, es también la herramienta que permitirá a las autoridades de los Gobiernos Locales, alinear sus instrumentos regulatorios y de gestión para una adecuada solución del problema en el sistema de transporte público urbano.

Esta nueva política de transportes reconoce la existencia de diferentes contextos, problemas y niveles de avance. No existe una solución única, se generan acciones diferenciadas, por grados de gestión y diferentes modelos de operación.

La movilidad eficiente es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y la integración social. Un sistema de transporte público bien planificado y accesible permite a las personas, sin importar su nivel socioeconómico, acceder a servicios esenciales como la educación, la salud y el empleo. Esto es especialmente importante en zonas rurales o periféricas, donde las opciones de transporte suelen ser limitadas o costosas. Sin una política nacional que promueva el desarrollo de un transporte público inclusivo, se agravan las desigualdades territoriales y se restringen las oportunidades de desarrollo.

Un sistema de transporte público eficiente no solo genera beneficios sociales, sino también económicos. La implementación de una política nacional permitirá optimizar la infraestructura existente y planificar nuevas rutas y servicios que respondan a las necesidades reales de la población. Esto, a su vez, reduciría los tiempos de desplazamiento, mejoraría la productividad laboral y disminuiría los costos asociados al tráfico y la congestión. Además, las ciudades con buenos sistemas de transporte público suelen atraer mayores inversiones, ya que ofrecen condiciones más favorables para la movilidad de bienes y personas. No se puede subestimar el impacto económico positivo que puede tener una movilidad urbana eficiente sobre la economía general del país.

En términos ambientales, el transporte público desempeña un papel crucial en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en la lucha contra el cambio climático. El transporte privado es una de las principales fuentes de contaminación en las ciudades, contribuyendo significativamente al calentamiento global y a la degradación de la calidad del aire. Una política nacional de transporte público puede fomentar el uso de vehículos de bajas emisiones, como autobuses eléctricos o de gas natural, e incentivar a la población a optar por el transporte público en lugar de vehículos privados, disminuyendo así la huella de carbono. Además, la reducción del tráfico vehicular también implica menos ruido y menos consumo energético, lo que contribuye a la sostenibilidad de las ciudades.

Sin embargo, para que el transporte público pueda cumplir con estos objetivos, es necesario que las políticas a nivel nacional sean integrales y coherentes. En muchos países, la gestión del transporte público está fragmentada entre distintas jurisdicciones locales, lo que provoca duplicidades, ineficiencias y una falta de coordinación que termina afectando al usuario final. Un enfoque nacional permitiría estandarizar los servicios, unificar criterios de calidad y mejorar la interoperabilidad entre diferentes modos de transporte, facilitando la movilidad interurbana y regional. Además, un marco regulatorio uniforme podría garantizar tarifas justas, condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector y una mejor planificación de la infraestructura.

La creación de una política nacional de transporte público debe contemplar, además, el uso de nuevas tecnologías para mejorar la experiencia de los usuarios y hacer más eficientes los sistemas de movilidad. La digitalización del transporte, a través de aplicaciones móviles y plataformas de pago inteligentes, facilita el acceso a la información en tiempo real sobre rutas, horarios y tarifas, mejorando la experiencia del usuario y permitiendo una mejor gestión de la demanda. Además, la integración de tecnologías sostenibles, como vehículos eléctricos y sistemas de transporte autónomos, podría transformar radicalmente la manera en que las ciudades gestionan la movilidad urbana.

No obstante, la implementación de una política nacional de transporte público no está exenta de desafíos. Es fundamental que los gobiernos destinen los recursos necesarios para la construcción y el mantenimiento de la infraestructura de transporte, así como para la renovación de la flota de vehículos. Este tipo de inversión requiere una visión a largo plazo, donde los beneficios sociales, económicos y ambientales superan con creces los costos iniciales. Asimismo, la participación ciudadana es clave para el éxito de estas políticas. Es necesario que la población se sienta parte del proceso y que se escuchen sus necesidades y preocupaciones a la hora de diseñar e implementarlas

En resumen, contar con una política nacional de transporte público no es solo una opción deseable, sino una necesidad imperante. En un contexto de creciente urbanización, crisis climática y desigualdad social, el transporte público se convierte en una herramienta indispensable para promover el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Una estrategia nacional bien articulada puede generar enormes beneficios sociales, económicos y ambientales, convirtiéndose en un motor de progreso para el país. Es hora de que los gobiernos tomen conciencia de la importancia de este sector y actúen de manera decidida para construir un futuro más justo, equitativo.