La Importancia de la Tarifa Técnica en el Transporte Público

El transporte público es un elemento vital para el funcionamiento eficiente de las  conectando a las personas con sus destinos diarios, ya sea para el trabajo, la escuela o el ocio. Para garantizar la sostenibilidad y eficacia de este sistema, la tarifa técnica desempeña un papel fundamental para asegurar una remuneración justa a operadores, estabilidad contractual y, al mismo tiempo, permitir al poder público mantener tarifas públicas en niveles equitativos para la población.

La tarifa técnica es el valor calculado para remunerar los costos operativos de las empresas de transporte público, teniendo en cuenta una serie de factores, como costos fijos y variables, mantenimiento de flota, salarios de los empleados, depreciación de vehículos e inversiones en infraestructura.

Se diferencia de la tarifa pública, la cual es cobrada a los usuarios del sistema. La tarifa pública es aquella fijada por el poder público y que se exigirá al usuario al embarcar en el sistema, de acuerdo con las políticas tarifarias locales.

Durante mucho tiempo, la financiación del transporte público no distinguía entre la tarifa técnica y la tarifa pública. Es decir, los costos de producción de los servicios se repartían entre los usuarios pagadores y todo el valor recaudado se transfería a los operadores. Por lo tanto, el poder público estaba obligado a fijar la tarifa pública de acuerdo con los costos de producción de los servicios, a veces gravando en exceso a la población o, en otras ocasiones, perjudicando el equilibrio económico financiero del operador privado, lo que podría resultar en una disminución de la calidad del servicio y en la postergación de inversiones.

Al crear una tarifa contractual, fijada en el contrato firmado entre el poder público y el operador privado, de acuerdo con una hoja de costos, y conjugada con otra cláusula de ajuste periódico a través de una forma paramétrica que asegure el mantenimiento de la remuneración ante la variación de los costos de producción, el poder público permite garantizar el equilibrio económico financiero del contrato, otorgando estabilidad y previsibilidad. Este ambiente favorece la atracción del sector privado, inversiones y mejora continua de la calidad del servicio.

Al mismo tiempo, brinda al Poder Público instrumentos para asegurar una política social justa, fijando la tarifa pública de acuerdo con la sensibilidad política sobre la capacidad de pago de la población usuaria, permitiendo ampliar el acceso de la población al servicio de transporte público, que es esencial, como ya enfatizamos al inicio de este artículo.

Claro que, eventualmente, el Poder Público puede fijar una tarifa pública cuya recaudación total no sea suficiente para remunerar al operador privado, dado que la remuneración de este está fijada en cláusula contractual. En este caso, el Poder Público será llamado a complementar la diferencia entre el valor recaudado con la tarifa pública y el total debido de acuerdo con la tarifa técnica. Es lo que se llama subsidio al usuario. Es decir, el Poder Público complementa el valor que debería haber sido pagado por el usuario. Es importante fijar este concepto: el subsidio no es a favor del empresario de autobuses, sino del usuario del sistema.

Por eso el subsidio es legítimo y debe considerarse una importante política pública de inclusión y justicia social. Quién decide usar el transporte público no se beneficia solamente, sino a toda la sociedad.

Este ciudadano reduce los congestionamientos del tráfico, reduce la contaminación y la siniestralidad vial. Toda la sociedad se beneficia del transporte público, especialmente los agentes económicos. Por estas razones es perfectamente legítimo que, además del usuario, que paga la tarifa pública, toda la sociedad también contribuya a restaurar la financiación de los sistemas de transporte público.

1. Equilibrio Económico: La tarifa técnica es esencial para garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas de transporte público. Al cubrir los costos operativos, permite que estas empresas continúen ofreciendo servicios de calidad sin comprometer su viabilidad económica.

2. Calidad del Servicio: Una tarifa técnica justa y adecuada posibilita inversiones en la mejora de la calidad del servicio, como la renovación de la flota, la implementación de tecnologías más eficientes y la ampliación de la cobertura de rutas.

3. Accesibilidad: Al garantizar una tarifa técnica que sea accesible para la población de bajos ingresos, el transporte público se convierte en una opción viable para todos los ciudadanos, promoviendo la inclusión social y el acceso a oportunidades.

4. Planeamiento Urbano: El cálculo de la tarifa técnica tiene en cuenta no solo los costos operativos actuales, sino también las inversiones futuras en infraestructura. Esto permite un planeamiento urbano más eficiente, alineado con las necesidades de movilidad de la población y el desarrollo sostenible de las ciudades.

5. Reducción del tráfico: Un sistema de transporte público eficiente y accesible puede contribuir significativamente a la reducción del tráfico en las ciudades, evitando congestionamientos y disminuyendo la emisión de contaminantes.

No obstante, es importante resaltar que la definición de la tarifa técnica a menudo es un proceso complejo y sujeto a diversas variables, como subsidios gubernamentales, demanda de pasajeros y condiciones económicas. Por lo tanto, es fundamental que haya transparencia y participación de la sociedad en este proceso, garantizando que la tarifa técnica sea justa y equitativa para todos los involucrados.