La Agencia de Transporte de Yucatán, como un ejemplo de negociación para la exitosa aplicación de la PNTPCU

Hay quienes dicen que para diseñar la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano (PNTPCU), se inspiraron en el Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible Va y Ven, de Yucatán, que es administrado y operado por el Gobierno del estado, el cual ofrece servicios de autobuses urbanos en las ciudades de Mérida, Valladolid, Tekax, Tizimín y Umán.

Fue inaugurado el 27 de noviembre de 2021 como un sustituto del Sistema Integral de Transporte Urbano (SITUR) y emplea autobuses de alta gama que van desde tecnología Euro 5 y 6, hasta híbridos y eléctricos.

Su sistema de pago se efectúa mediante tarjetas inteligentes recargables que son reconocidas por lectores electrónicos o validadores dispuestos en cada autobús. La tarifa general es de 12 pesos y la social para estudiantes y adultos mayores es de cinco pesos, mientras que para personas con discapacidad no tiene costo alguno.

Para despejar la duda, saber qué opina de la PNTPCU y tener idea del tipo de negociación que las autoridades de los diversos estados deberán realizar con operadores, financieras y otros actores del transporte público, esta revista entrevistó a Rafael Hernández Kotasek, titular de la Agencia de Transporte de Yucatán, que es organismo autónomo.

La aportación principal fue a través de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) que se realizó en cinco estados distintos, entre ellos Yucatán. La mayor participación de la Agencia fue en la parte financiera de la Política Nacional y en la parte institucional.

A continuación, explicó que la Política Pública tiene tres ejes: uno financiero, uno institucional y uno operativo. El institucional consistió en cambiar el modelo de un Instituto de Transporte, que dependía del ejecutivo local, a una agencia autónoma de transporte. El financiero tiene cuatro elementos principales: sistema de recaudo, el fideicomiso, pago por kilómetro y gestión de flota. El tema operativo incluye tres elementos: capacitación de los operadores, modernización de las unidades y la transición a todo lo que es el tema de justicia social, como sensibilización hacia adultos mayores y personas con discapacidad.

Sin embargo, dijo que previamente habían sostenido mesas de acuerdo con concesionarios, operadores y sistemas financieros, las cuales duraron cerca de medio año, para consultarlos antes de hacer la Política. “Tienes dos opciones: incorporarlos previamente o estar peleando toda tu vida. Es mejor hablar con los involucrados antes de hacer la Política, que hacerlo después”.

Hernández Kotasek continuó: “si queríamos que esto funcionara de manera rápida teníamos que construir algo con lo que todos estuvieran contentos, entonces con el concesionario llegamos a puntos de acuerdo que no existían en otros estados, como kilometraje mínimo, porque yo puedo decidir que mañana circules sólo 10 kilómetros y a ver cómo amortizar tu inversión.

“Con el operador o chofer, partimos de cuáles eran las necesidades que tenía. La primera es que no le interesaba contar con seguridad social, lo que quería era llevarse la mayor cantidad de dinero a su casa.

“Los concesionarios me decían: ‘no tenemos certeza de qué va a pasar en tres años, cómo me pides que haga una inversión que voy a amortizar a diez años, si no tengo certeza de lo que va a pasar en tres’. A partir de eso piensas que se necesita un diseño institucional que dé certeza al concesionario.

“Luego iba con el sector bancario y me decía: ‘cómo me pides que te dé un préstamo a 10 años, cuando tú te vas en tres’, entonces también necesitaba algo transexenal y de largo plazo y cuando iba con los operadores, me decían: “es que yo vivo al día, porque el concesionario prácticamente, en busca de la máxima utilidad, no le interesa la calidad que puedo ofrecer, o la capacitación que pueda tener y, en el caso de Yucatán, salía un pago doble al operador: el que te pagaban formalmente y todo lo que podías sacar por distintos motivos alrededor de la operación diaria”.

En el caso de los choferes, Hernández Kotasek narró que no querían un pago quincenal, porque estaban acostumbrados a tener efectivo todos los días, por lo que se les explicaron las ventajas de integrarse a un esquema formal: “si mañana tienes un accidente, tu familia tiene una pensión, si llegas a fallecer, tu familia puede quedar con un ingreso toda su vida, puedes tener prima vacacional, aguinaldo, puedes acceder a un crédito de vivienda y hasta ese momento el operador entendió los beneficios de estar en el sector formal, pero necesitaban partir de un punto mínimo en cuanto a sus ingresos, de tal manera que en Yucatán nadie puede pagarle a un operador menos de la cantidad que establecimos en el transporte público”.

Les pregunté: si pago por kilómetro y meto recaudo electrónico, qué necesitas. Me respondieron: si me quitas el boletaje me vas a bajar los ingresos mucho, si me lo vas a quitar, aunque puedo manejar más tranquilo, necesito que me subas mi sueldo y no al mínimo, porque cobraban al mínimo y luego se compensaban. Hicimos una encuesta con más de 350 operadores para saber sus ingresos y vimos que les pagaban entre 6 a 7 mil pesos, pero sacaban hasta 17 mil pesos al mes considerando todo, entonces pusimos un sueldo de 17,300 brutos, que queda como en 15 mil libres y regularidad en los pagos. Pedían también no cobrar siempre lo mismo y tener la posibilidad de bonos, por lo que se diseñó un plan de carrera, donde un operador puede ganar hasta 27 mil pesos, dependiendo los años que tenga operando, las certificaciones que obtenga como operador y los cursos que hayan tomado, que no haya chocado, que no tenga multas, ni reportes de velocidad.

Sin embargo, para Hernández Kotasek resultaba fundamental hablar con todos los integrantes del sector antes de haber diseñado la PNTPCU, lo que no ocurrirá en todos los estados.

“He visto una cantidad de políticas nacionales quedarse en el tintero que no te imaginas y todas fallaron porque no le preguntaron al insumo, ¿qué te parece? Es decir, es necesario que, en lugar de decir: esto es lo que hay y hacia allá vamos, digas: esto es lo que hay, ¿cómo lo ves? Algunos te dirán: “esto nunca va a pasar”. Por ejemplo, en Yucatán, y ni siquiera voy a hablar en otro estado, ¿aplicaría pago por kilómetro en todos los municipios? Yo diría que no, y tú me dirías, pero lo hiciste en la zona metropolitana, sí, y por eso no lo haría en otro lado”.

Una buena negociación entre autoridades, transportistas e instancias de financiamiento permiten que se pueda implementar de manera exitosa una política pública o un nuevo sistema de transporte.

La profesionalización de autoridades, transportistas y operadores es necesaria para mejorar la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía, y cambiar el rostro del transporte público.