El transporte público en México se enfrenta a desafíos significativos mientras se encamina hacia el 2030, año en el que se espera que el país haya avanzado considerablemente en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU.
Entre los aspectos más críticos se encuentran la renovación de unidades, modelos de administración, transición a energías limpias, implementación de nuevas tecnologías, políticas de tarifas y subsidios, legislación e infraestructura, señalaron especialistas durante el 15 Congreso Internacional de Transporte.
El transporte público en México, compuesto principalmente por autobuses, metro, metrobús y tren ligero, enfrenta problemas de infraestructura y cobertura. Metrópolis como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey han desarrollado sistemas relativamente modernos, pero la mayoría de las zonas urbanas y rurales del país carecen de servicios eficientes y seguros.
Esas diferencias denotan que la calidad del servicio es inconsistente. En muchas áreas, las unidades están en mal estado, las frecuencias de paso son irregulares y la seguridad es una preocupación constante para los usuarios. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 40% de la población considera ineficiente el transporte público.
Al respecto, el especialista en temas de transporte y movilidad, Elim Luviano, indicó que: “El transporte mueve a lo más importante de este país: su gente, y es por eso que debemos apostar por este sector que está viviendo un proceso de transición, en algunas ciudades con más retrasos y mala calidad del servicio que en otras”.
La mayoría de las unidades de transporte público en el país están obsoletas. Un estudio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reveló que la edad promedio de los autobuses urbanos es de 15 años, superando el tiempo recomendado de 10 años para mantener la eficiencia y seguridad.
Elim Luviano, agregó que, al cierre de 2023, la flota de autobuses con placas federales registró una vida útil promedio de 19.3 años, es decir, que está fuera de norma; La SICT consideró que 41% de la flota de autobuses, camiones y tractocamiones deben ser renovados.
Partiendo de esta cifra, es importante echar una mirada a la realidad del sector del autotransporte.
“La modernización del transporte público implica el trabajo conjunto de todos los actores para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030”, detalló Nicolas Rosales Pallares, Presidente de la AMTM.
70% consume diésel
27% gasolina
3% son unidades eléctricas
96% de las personas viajan de una entidad a otra en autobús
43% de los trabajadores llegan a su lugar de trabajo en transporte urbano
27% de los estudiantes se mueven en transporte público
Se realizan 130 millones de viajes en las ciudades de México, 80% son en transporte colectivo
83% de la carga terrestre se mueve en camiones
100% del reparto y distribución de productos se hace en camiones
Existen 200 mil empresas de autotransporte federal registradas ante la SICT, el 80% son hombre-camión
Existen programas como el de “Apoyo Federal al Transporte Masivo” que buscan financiar la renovación de unidades, pero estos han sido insuficientes. La falta de recursos y la corrupción en algunos casos han impedido un avance significativo.
Desde la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) se ha trabajado e impulsado en los últimos años el tema de la renovación, como uno de los pilares para avanzar hacia la movilidad sostenible, y mejorar la seguridad vial en calles y carreteras del país.
El modelo de administración del transporte público en México es mixto, con una combinación de empresas y propietarios de autobuses, es decir, hombre-camión. Sin embargo, la falta de regulación y supervisión ha llevado a una operación ineficiente y a menudo corrupta.
Es crucial implementar reformas que promuevan la transparencia y eficiencia en la administración. Modelos exitosos en otros países sugieren que una mayor supervisión gubernamental y la participación activa de los usuarios en la toma de decisiones pueden mejorar el sistema.
El transporte público es una de las principales fuentes de contaminación en las ciudades mexicanas. La transición a energías limpias es esencial para cumplir con los ODS, especialmente el objetivo 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y el objetivo 13 (Acción por el clima).
No obstante, la migración hacia un transporte público basado en energías limpias en México enfrenta varios frenos y desafíos significativos. Estos incluyen:
Infraestructura insuficiente: La implementación de estaciones de carga para vehículos eléctricos, por ejemplo, requiere una inversión considerable y una planificación extensiva. Actualmente, las estaciones de carga son escasas y no están bien distribuidas en todo el país.
Costos iniciales elevados: La adquisición de vehículos eléctricos y otras unidades de energía limpia es significativamente más alto en comparación con los vehículos convencionales. Esto incluye tanto la compra inicial como los costos asociados con la instalación de infraestructura de carga y mantenimiento especializado.
Falta de incentivos gubernamentales: Aunque hay algunos incentivos y subsidios, estos no son suficientes ni están ampliamente disponibles. La falta de políticas claras y consistentes que promuevan la adopción de tecnologías de energía limpia desalienta a los operadores de transporte público y a los gobiernos locales a invertir en esta transición.
Resistencia al cambio: Existe una resistencia cultural y organizativa al cambio tanto en las autoridades como en los operadores de transporte público. La adaptación a nuevas tecnologías requiere capacitación y cambios en las prácticas operativas, lo cual puede enfrentar resistencia.
Financiamiento limitado: Si bien existen algunos fondos internacionales y programas de financiamiento, la cantidad y accesibilidad de estos recursos son insuficientes para cubrir las necesidades de un cambio significativo en el sector.
Problemas de mantenimiento y tecnología: La tecnología de vehículos eléctricos y otros sistemas de energía limpia requiere un nivel de mantenimiento y experiencia técnica que actualmente es escaso en México. Esto incluye la disponibilidad de repuestos y la capacitación de personal técnico.
Conciencia y educación pública: Desconocer los beneficios del transporte basado en energías limpias entre el público y los responsables de la toma de decisiones es otro obstáculo. La promoción de las ventajas medioambientales y económicas a largo plazo es crucial para obtener el apoyo necesario.
Dependencia de energías fósiles: La economía y la infraestructura energética de México están fuertemente basadas en los combustibles fósiles. La transición a energías limpias requiere una reestructuración significativa de las políticas energéticas nacionales.
Desafíos regulatorios: La falta de normativas y regulaciones claras que apoyen la integración de tecnologías de transporte limpio es un freno importante. La creación de un marco regulatorio robusto y coherente es esencial para impulsar esta transición.
Desigualdades Regionales: Las diferencias económicas y de desarrollo entre las diversas regiones del país también juegan un papel importante. Mientras que las grandes ciudades pueden tener más recursos para invertir en transporte limpio, las áreas rurales y menos desarrolladas enfrentan desafíos adicionales en términos de financiamiento e infraestructura.
En la Ciudad de México, algunas líneas del Metrobús ya operan con unidades eléctricas o híbridas. Sin embargo, la expansión de estas tecnologías a nivel nacional es limitada debido a los altos costos iniciales y la falta de infraestructura de apoyo, como estaciones de carga eléctrica.
La digitalización del transporte público puede mejorar significativamente la eficiencia y la experiencia del usuario. Tecnologías como el Big Data y la Inteligencia Artificial pueden optimizar rutas, horarios y la gestión del tráfico.
En Guadalajara, el sistema de prepago y las aplicaciones móviles para seguimiento en tiempo real han mejorado la experiencia del usuario. Sin embargo, estas innovaciones aún no se han implementado ampliamente en otras regiones del país.
En la Ciudad de México también hay avances significativos en la integración del servicio a través de la tarjeta MI, es decir que el sistema de prepago ha crecido en aceptación.
Las tarifas del transporte público en México varían significativamente entre ciudades y modalidades. En muchos casos, los costos son elevados en relación con la calidad del servicio ofrecido, lo que genera insatisfacción entre los usuarios.
Entre la población y la clase política se mantienen los prejuicios en torno al subsidio, y no existe una política nacional de transporte que establezca como prioritarios los temas de tarifa y subsidio.
El subsidio al transporte público es esencial para mantener tarifas accesibles y fomentar su uso. No obstante, la distribución y uso de estos apoyos deben ser transparentes y eficientes para evitar desvíos de fondos y corrupción.
Tras la entrada en vigor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, es necesario actualizar y unificar las legislaciones locales, si bien algunos estados han cumplido, la mayoría, incluso la capital del país, aún no han dado ese paso. La implementación de normativas que promuevan la adopción de tecnologías limpias y la mejora de la infraestructura es crucial.
La infraestructura del transporte público en México está en un estado crítico. Las vías, estaciones y terminales requieren mantenimiento y modernización urgente para garantizar la seguridad y eficiencia del servicio.
Se están desarrollando varios proyectos de infraestructura, como la ampliación del Metro en la Ciudad de México y el Tren Maya en el sureste del país. Estos proyectos, si se ejecutan adecuadamente, pueden mejorar significativamente la cobertura y calidad del transporte público.
Para que el transporte público en México cumpla con los ODS rumbo al 2030, es esencial abordar varios frentes de manera simultánea:
Renovación de Unidades: Es crucial implementar programas de renovación de flota a nivel nacional, con financiamiento adecuado y supervisión estricta para evitar corrupción.
Modelo de Administración: La administración del transporte debe reformarse para ser más eficiente y transparente. La participación de los usuarios y la supervisión gubernamental son fundamentales.
Energías Limpias: La transición a energías limpias debe acelerarse, con inversiones en infraestructura de carga y subsidios para la adquisición de unidades eléctricas o híbridas.
Nuevas Tecnologías: La digitalización del transporte público debe ser una prioridad, implementando sistemas de prepago, aplicaciones móviles y tecnologías de gestión de tráfico.
Tarifas y subsidios: Es necesario establecer políticas de tarifas justas y transparentes, acompañadas de subsidios bien administrados que garanticen la accesibilidad del transporte público.
Legislación: La actualización del marco legal es fundamental para promover la sostenibilidad y eficiencia del transporte público. Normativas claras y coherentes facilitarán la implementación de mejoras.
Infraestructura: Invertir en la modernización y mantenimiento de la infraestructura es esencial para garantizar la seguridad y calidad del servicio.
Abordar estos retos no solo mejorará el transporte público en México, sino que también contribuirá significativamente al cumplimiento de los ODS. Una movilidad urbana sostenible y eficiente es clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad de vida en las ciudades y promover un desarrollo inclusivo y equitativo.