El impulso ferroviario genera oportunidades entre los operadores y cambios en los instrumentos que norman la movilidad

A unas cuantas semanas de que inició el mandato de Claudia Sheinbaum, está claro que se encuentra en marcha una nueva forma de comprender y enfrentar la movilidad en México.

La Cámara de Diputados aprobó recientemente la reforma al artículo 28 de la Constitución, que prioriza el servicio de ferrocarril como transporte de pasajeros y retribuye al Estado Mexicano la asignación de concesiones públicas o privadas, sin afectar el transporte de carga.

Con el presidente López Obrador se pusieron en marcha 2 mil 240 kilómetros; con la presidenta Claudia Sheinbaum se pondrán en servicio más de 3 mil kilómetros de trenes de pasajeros.

Recientemente se anunció el inicio de los trabajos para la construcción de los trenes México-Pachuca y México-Querétaro, que estarán listos en tres años.

Este escenario dibuja retos y oportunidades para los operadores del transporte público de pasajeros y cambios a la normatividad vigente. Por cuanto a la visión de los operadores, es necesario que tomen en cuenta dos hechos fundamentales:

En principio, la movilidad ahora será una actividad estratégica, basada en la relevancia de las ciudades, su posición geográfica, la densidad de habitantes y el fenómeno de relocalización, que obliga a las autoridades aprovechar la posición estratégica del país y dotarlo de buenos sistemas ferroviarios.

Y, en segundo lugar, que el regreso de trenes de pasajeros provocará un crecimiento “natural” de ciudades de menos de 500 mil habitantes, lo cual ha motivado que Banobras, con la colaboración del Banco Mundial, valore modificar los lineamientos del Programa de Apoyo al Transporte Masivo (Protram), para que estas poblaciones puedan recibir financiamiento federal para el reordenamiento de sus rutas, adquisición de vehículos, operación y desarrollo de estudios.

Hasta ahora, de acuerdo con el Protram, el financiamiento federal a gobiernos locales y estatales cubre hasta el 50% de la inversión a proyectos de transporte masivo, pero solamente a la infraestructura vial y de transporte público en las grandes ciudades.

Ahora el objetivo de Banobras es atender las diversas oportunidades que se presentan en el transporte, entre ellas los nuevos servicios ferroviarios, ya que una vez que los pasajeros lleguen a las estaciones, será necesario definir cómo se mueven a sus destinos finales (escuela, trabajo, hogar, hospital).

Actualmente, un tren como el Maya, provoca la llegada de pasajeros que demandan atender su complemento del viaje y ahí es donde los operadores podemos aportar soluciones, pero también estar dispuestos a asumir los retos que representa una nueva estrategia de movilidad nacional.

Los cambios que analiza Banobras se refieren a renovar el parque vehicular con una visión integral, que incluya centros de recarga para electromovilidad, patios de trabajo, áreas de mantenimiento, capacitación a los operadores y, sobre todo, fomentar que los hombre-camión o familias-camión sean sociedades mercantiles que enfrenten el reto de ofrecer un buen servicio.

Es en este contexto, los cambios al Protram se vinculan con la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano (PNTPCU), un instrumento de reciente aprobación que constituye una guía para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno mejoren el transporte colectivo urbano.

Las autoridades involucradas valoran que su aplicación sea un requisito para que, quienes lo implementen en sus territorios, ya sean grandes o pequeños, accedan a los recursos federales provenientes del Protram, lo cual todavía es posible porque este instrumento aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación.

Para los operadores es imprescindible analizar esta propuesta y considerar que el impulso que la nueva administración imprime al desarrollo ferroviario de pasajeros y de carga, se basa en estudios de pre inversión y en corredores que impacten favorablemente la movilidad urbana y suburbana.

Lo primero es analizar dónde habrá líneas ferroviarias. Las primeras siete rutas que se concesionarán serán las siguientes: Tren Interurbano AIFA–Pachuca; Tren México Querétaro León Aguascalientes; Tren Manzanillo Colima Guadalajara Irapuato; México Veracruz Coatzacoalcos; México–San Luis Potosí Monterrey Nuevo Laredo; México Querétaro Guadalajara Tepic Mazatlán Nogales y Aguascalientes Chihuahua Ciudad Juárez.

Se usarán 18 mil kilómetros de vías férreas privatizadas para trenes de pasajeros en los destinos México – Querétaro – León –  Aguascalientes; México – Querétaro – Guadalajara; México – San Luis Potosí – Monterrey – Nuevo Laredo y México – Puebla – Veracruz.

Una segunda etapa prevé el Tren Manzanillo – Colima – Guadalajara – Irapuato; México – Querétaro – Guadalajara – Tepic – Mazatlán – Nogales y Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez.

Ahora bien, ¿cómo podrían beneficiar estos proyectos a los operadores del transporte público?, en mi opinión, las empresas concesionarias deberán acordar un plan de convivencia tanto en el transporte de pasajeros como de carga, lo cual impulsará la inversión pública para el desarrollo regional con bienestar, lo que permitirá aprovechar nuestra posición geográfica estratégica, con el movimiento de carga adicional derivado de la entrada de la relocalización al país (Nearshoring).

Esto reducirá los tiempos de traslado en más de 40%, permitirá tarifas un 15% más económicas, mitigar las emisiones contaminantes en un 80%, así como mejorar la movilidad de la población en grandes y pequeñas ciudades.

Todo ello contribuirá al avance de la movilidad en México, pero bajo el signo de la colaboración entre empresas privadas y empresas públicas, con la vista puesta hacia un fin superior: el beneficio y seguridad de los usuarios

La Cámara de Diputados aprobó recientemente la reforma al artículo 28 de la Constitución, que prioriza el servicio de ferrocarril como transporte de pasajeros y retribuye al Estado Mexicano la asignación de concesiones públicas o privadas, sin afectar el transporte de carga.

Recientemente se han dado cambios al Protram que se vinculan con la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano (PNTPCU), y constituyen una guía para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno mejoren el transporte colectivo urbano.